La Cámara de Diputados aprobó este martes una resolución que insta a los Ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y al rector de la UASD, instalar el servicio de internet Wi-Fi gratis en los planteles escolares público y extensiones universitarias.
Uno de los considerandos establece que el Estado es un guardián y debe garantizar de la calidad de la educación e intelectual del educando.
Señala que el Estado está comprometido a promover, incentivar e invertir recursos, en la investigación de la ciencia y la tecnología, por lo que el internet es una fuente inagotable de acceso al conocimiento y a la ciencia y a la tecnología.
Precisa que la electrónica, la informática y las telecomunicaciones tienen su mayor exponente en el vertiginoso e incalculable crecimiento alcanzado por la Internet.
Expresa que la población estudiantil que se educa en los estudiantes de las escuelas públicas son los hijos de pobres, que son los que no tienen posibilidades de este avance de tecnología moderno como es el servicio del internet.
Apunta la resolución que proporcionarles a los planteles de la educación públicas acorta la brecha existente entre ricos y pobres en el uso de este servicio tecnológico.
A comisión
La Cámara de Diputados aplazó el conocimiento hasta el martes próximo, la segunda lectura del proyecto que actualiza los honorarios profesionales de los abogados, y deroga la Ley 302-64, que establece un parámetro entre abogados y clientes sobre los honorarios por servicio.
Los diputados también aplazaron con plazo fijo de una semana el proyecto que crea un registro y un centro de tratamiento para violadores sexuales de menores.
La iniciativa crea el centro de tratamiento de ofensores sexuales, y el registro nacional para agresores sexuales contra niños, niñas o adolescentes y contra personas que sean particularmente vulnerables.
La pieza legislativa es de los diputados Luisín Jiménez y Elpidio Báez, del BISC y del PLD, y modifica el artículo 331, del Código Penal y agrega un párrafo al artículo 2 de la ley 164-80, sobre libertad condicional.
Otro proyecto que fue devuelto a la comisión de Obras Públicas, es el que prohíbe el transporte de más de una persona en una motocicleta en la zona urbana, de la autoría de Radhamés Fortuna.
Fiscales van al Congreso
Por otro lado, los fiscales acudieron este martes al Congreso Nacional para reclamar un aumento de salarios de un 100 por ciento, y a la vez anunciaron un paro de labores para el próximo jueves.
Los magistrados refutaron al Procurador General, Francisco Domínguez Brito de que recibieron un aumento de un 25% para el próximo año.
Sureli Jáquez y Pedro Amador, procuradores fiscales del Distrito Nacional, quienes hablaron a nombre de la entidad consideraron que las declaraciones del Procurador no se corresponden con la verdad, porque la partida presupuestaria asignada al Ministerio Público para el año 2015 no le fue aumentada, sino que le redujeron 14 millones de pesos.
Afirmaron que las declaraciones de Domínguez Brito, no surte ningún efecto, porque continuaran en la lucha hasta que las instancias del Estado, el presidente de la República o el Congreso se pronuncien al respecto.
Aseguraron que conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público esa entidad debería recibir un 1.44 por ciento del presupuesto general del Estado y sólo recibe el 0.37% para el 2015.
Reclaman mejoría en sus condiciones de trabajo ya que no cuentan con un seguro de vida aún cuando diario arriesgan sus vidas y además no cuentan con un buen seguro de salud.
*-DIOS ES EL QUE SABE-*
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